En la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción se acusa de fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos privados y públicos y apropiación indebida de las cantidades debidas a los autores.
«Engaño a los socios»Los autores de la denuncia sostienen que «se pactó con el Ministerio de Cultura que si el total de la recaudación por copia privada no llegaba a los cien millones de euros anuales, el erario público pondría la diferencia». Basándose en los valores publicados por el Ministerio y los que las entidades de gestión transmitieron a sus socios, los denunciantes sostienen que las cifras presentadas en Cultura son menores que las que anuncian en sus informes corporativos con la intención de cobrar la diferencia hasta los cien millones de euros que les debía dar el Ministerio.
En el caso de SGAE, la documentación indica que entre 2008 y 2009 hay una diferencia de 1,893 millones de euros entre la factura presentad a Cultura y la que repartieron a sus socios. Los denunciantes deducen que se han cometido delitos de falsedad documental, pero también de fraude fiscal y a los asociados, al no coincidir lo declarado con lo cobrado, pero también se preguntan por el papel de fiscalizador del Ministerio de Cultura, ya que no llegó a comprobar que las cifras no coincidían.
La pasividad
González-Sinde, ante las críticas a su pasividad y la petición del PP de comparecencia en el congreso ha solicitado explicar en la Cámara los movimientos registrados en los últimos días respecto a las entidades de gestión. Horas antes, el diputado y secretario de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, consideró «increíble» que se pidieran explicaciones a Zapatero y a la ministra sobre la actuación de SGAE, al considerar que se trata de un «tema en el que el Gobierno no tiene competencia ni responsabilidad alguna». La Ley, sin embargo, prevé que la supervisión se ejerza por parte de Cultura, que incluso puede retirarle la licencia a la entidad.
Fuente: La Razon / Meneame
No hay comentarios:
Publicar un comentario